¿HACIA DONDE VAMOS?

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Difícil saberlo. La galopante corrupción que nos carcome debilita  nuestra democracia haciendo que el ciudadano pierda la confianza en ella y en  sus centenarias instituciones, afectando gravemente su legitimidad y  desvirtuando el sistema económico que, al ser mirado como apetecido botín,   ha venido a constituirse en grave factor de desintegración social. Nuestra cultura política, que no es más que la suma de actitudes, creencias y normas  evidenciadas, sobre todo a partir de la aparición del narcotráfico que relajó en forma alarmante el comportamiento social, ha hecho proliferar la extensión de las prácticas corruptas, su probabilidad y su tolerancia. La permisividad  hacia el goce de privilegios para unos pocos, amparada en una conveniente distorsión de la realidad actual, hace  que prevalezca una moralidad de lucro no compatible con la ética del servicio público. El creciente número de guardaespaldas y vehículos de distinto blindaje, por ejemplo, a disposición del bandidaje congresional del que sin escrúpulo alguno nuestros padres de la patria hacen uso, es una irritante afrenta que el pueblo advierte pero, sobre el que nada distinto hace, al de elegir y reelegir a la misma mesnada de truhanes, que elección tras elección compran sus votos. La organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción global, Transparencia Internacional y sus capítulos en América Latina, vienen priorizando su esfuerzo contra este flagelo como eje principal de los planes de acción en toda la región, sobre el entendido de que la corrupción es la mayor barrera para alcanzar el desarrollo sostenible en estos países de habla hispana. El Barómetro Global lanzado este 2017 sostiene, que la  corrupción en Latinoamérica se disparó en el último año. Las investigaciones en Lava Jato y Odebrecht, sumadas a múltiples casos que se han hecho públicos en distintos países, como entre nosotros el vergonzoso Cartel de la Toga, la difusión de los Papeles de Panamá y Papeles de Paraíso, por no mencionar sino estos últimos, hablan por sí solas de la magnitud  que con fuerza de desastre se ha apoderado de la extensa geografía latinoamericana. El criminal asalto a las PAE, (Programa de Alimentación Escolar) detectado por la Contraloría General que tiene tras las rejas al alcalde de Cartagena, quien sin disimulo alguno contrató de manera directa más de 23 mil millones de pesos, pagando pechugas de pollo a 40 mil, o en el Amazonas donde la gobernación pagó huevos a 900 pesos, o el detrimento patrimonial por más de 3 mil millones en el Magdalena dentro del mismo programa,  muestra de manera clara que estos desalmados que juegan con la salud de los niños  no se detienen en el saqueo del erario público. Lo mismo da cobrar por una pechuga 40 mil pesos, que cancelar 120 mil por una motilada a un adulto mayor en la alcaldía de Pereira, sin que hayamos vuelto a saber sobre el particular. ¿Hacia dónde vamos?

 

Alberto Zuluaga Trujillo.                                                  alzutru45@hotmail.com