LEY DE GARANTIAS

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De acuerdo al calendario electoral que señala el 11 de marzo del 2018 como día de elecciones al Congreso de la República, valga decir Senadores y Representantes a la Cámara, entró en vigencia desde el pasado sábado 11 de noviembre las restricciones contempladas en la ley 996 de 2005, más conocida como la ley de Garantías Electorales. La ley establece en su artículo 32, que la vinculación de la nómina estatal deberá suspenderse en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, no pudiéndose vincular ni desvincular persona alguna. De igual manera fija restricciones a las entidades estatales en materia de contratación, prohibiéndole a los alcaldes, gobernadores, gerentes o directores de entidades descentralizadas, celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de los recursos públicos, como tampoco en aquellas de las que participen como miembros de sus juntas directivas, comprometiendo a todas las entidades del Estado a partir del 27 de enero del 2018, extensiva hasta mediados de año una vez ocurra la segunda vuelta si se presentare, para la elección de Presidente de la República. Solo la ley permite contratación abreviada y de mínima cuantía, exceptuándose de la anterior restricción lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los concernientes a cubrir emergencias educativas, sanitarias y hospitalarias, infraestructura energética y de comunicaciones producto de atentados terroristas, desastres naturales y de fuerza mayor. ¿Hasta dónde todo esto es conveniente? Sin lugar a dudas el espíritu de la ley es sano porque busca garantizar un debate limpio ajeno a la presión indebida. Pero el decir callejero de que hecha la ley hecha la trampa, cae como anillo al dedo, pues, nuestra clase política, habilidosa y marrullera presiona a los funcionarios encargados de estos tejemanejes para disparar ostensiblemente la contratación pública los días previos a la entrada en vigencia de la ley, al igual que después de ella,  burlando de manera descarada la norma referida, lo que al final demuestra la inocuidad de la misma. Lo que se requiere es más control de los organismos encargados de su fiscalización, que  adviertan la anormalidad que está sucediendo. El meollo del problema no es la falta de leyes que por montones las tenemos y para todo. El problema es la materia prima de que está hecho el hombre colombiano proclive a la trampa y a la mentira. Díganlo o no, la proliferación asombrosa de candidatos presidenciales que han optado por esconder su trayectoria partidista, detrás de una nueva imagen que los proyecta como hombres nuevos no vinculados con viejas estructuras de poder, para pasar de agache y confundir al electorado, ¿no es esta otra manera de engañar y de confundir al pueblo?

 

Alberto Zuluaga Trujillo                                                   alzutru45@hotmail.com