NADIE DA PUNTADA SIN DEDAL

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columinsta y ex representante a la camara

Menudo debate se ha suscitado con el trámite del acto legislativo que cursa en el Congreso de la República y que busca incorporar al cuerpo constitucional la prohibición del paramilitarismo, como si el país no tuviera con la altísima polarización que actualmente vive. El artículo en discusión prohíbe la creación, promoción, instrucción, organización, instigación, apoyo, tolerancia, financiación, encubrimiento y favorecimiento de grupos civiles armados de cualquier tipo, incluidas las autodefensas, paramilitares o grupos de justicia privada u otras denominaciones equivalentes, las cuales se encuentran tipificadas en el Código Penal y condenadas por la legislación ordinaria. De tiempo atrás la actitud de las autoridades  de negar cualquier nexo con grupos de particulares armados con el consentimiento y la tolerancia de las Fuerzas Militares, cuando no con la participación de estas,  las ha llevado a evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla para minar la legitimidad de nuestras instituciones armadas. Fue Guillermo León Valencia en 1965 el primero  en autorizar mediante el decreto 3398 la participación de civiles en actividades y trabajos para restablecer el orden en las zonas de conflicto, pasando a legislación permanente con la ley 48 de 1968, legalizando los ejércitos privados de ganaderos en el Magdalena medio y la Costa, creados para combatir el abigeato y, posteriormente, enfrentar a las guerrillas y la toma de tierras en las décadas del 60 y 70. Considerando que éstas complicaban aún más el orden público, Virgilio Barco lo derogó mediante el decreto 815 de 1989 para luego ser restablecido en el gobierno de César Gaviria con los decretos 535 y 356 de 1993 y 1994, creando El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada que dieron vida a las Convivir, semillero del paramilitarismo de la década de los 90. Parecería inocuo entonces elevarlo a rango Constitucional si no fuera porque el cumplimiento de tan inocente proceder, en apariencia, no encerrara una clara pretensión de las Farc de eximir de responsabilidad a la subversión por todos los graves hechos cometidos durante más de medio siglo de existencia. De lograrlo, sería la tácita aceptación del Estado, de su incapacidad de proteger la vida y los bienes de todos los colombianos a que está obligado, quedando peligrosamente desprotegido para defenderse de las cuantiosas demandas que cursan y que, obviamente, con su aprobación se dispararían. La defensa del acto legislativo corre por cuenta del exjefe negociador de la Habana, Humberto De la Calle a quien le asiste toda la razón cuando dice: “Las condenas no provienen de la prohibición sino que proceden en los casos en los que el Estado no fue diligente.” Axioma totalmente cierto que abriría las puertas al quedar incorporado el articulito al texto Constitucional, de que por la peligrosa vía de la interpretación jurídica de las Altas Cortes, cuyas sentencias son comprables, se termine de desangrar las finanzas nacionales. Nadie da puntada sin dedal, reza un viejo aforismo popular.

 

Alberto Zuluaga Trujillo                                                  alzutru45@hotmail.com